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El acuerdo histórico sobre la protección de los líderes ambientales

Última modificación : 15/03/2018

Un grupo de pueblos indígenas participa en una protesta frente a un tribunal para pedir justicia por el asesinato de la activista ambiental Berta Caceres, en Tegucigalpa, Honduras, el 3 de marzo de 2018.

Por France 24

Representantes de 25 países de América Latina y el Caribe llegaron a un acuerdo para la protección de los defensores del medioambiente, impulsado por Naciones Unidas, que deberá garantizar derechos de acceso a información, participación, y justicia.

En San José, Costa Rica, se firmó el 4 de marzo un pacto regional que podría tener un impacto sobre la implicación de los ambientalistas en las políticas nacionales y la defensa de su integridad. Promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal), el acuerdo innova tanto desde el número de países implicados como las obligaciones que instaura.

Reunidas desde el 28 de marzo en el marco de la novena reunión del Comité de Negociación, las delegaciones latinoamericanas lograron, después de largas reuniones, colocar su firma en un texto que introduce una serie de nuevos derechos en relación con los asuntos ambientales.

Más de 20 años de negociaciones para el reconocimiento de los conflictos ambientales

El denominado "Acuerdo de Escazú" marca un avance importante en cuanto al reconocimiento de los Estados de la implicación de la sociedad civil en temas de medioambiente y viene cerrar un ciclo de negociación empezado con la Declaración de Río de 1992. El acuerdo, da un realce especial al Principio 10 de este encuentro que busca "asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales", según lo detalla la Cepal.

Varias conferencias multilaterales pasaron y los países dieron luz verde al inicio de las negociaciones para un acuerdo regional en 2014, más de veinte años después de la creación de este principio. En las ocho reuniones internacionales, las discusiones resaltaron la complejidad de combinar los asuntos ambientales con el desarrollo, los mecanismos de participación y la protección de los derechos fundamentales en América Latina, una región peligrosa para los ambientalistas.

La construcción de una “democracia ambiental” en América Latina

El primer convenio regional sobre los derechos de acceso a la información, lam participación, y la justicia en temas ambientales, el "Acuerdo de Escazú" instaura un instrumento inédito para reforzar la protección de los defensores de los derechos ambientales. En un comunicado emitido al concluir las negociaciones, la Cepal resalta el “hito histórico en la construcción de una democracia ambiental en la región” que constituye el mecanismo e insiste en la instauración de “obligaciones de los países para garantizar los derechos ambientales”.

La mayor innovación del "Acuerdo de Escazú" reside en el hecho de que será vinculante para los Estados y que un comité de facilitación y seguimiento se encargará de hacer respetar las prerrogativas acordadas, un punto que había provocado resistencia por parte de ciertas delegaciones. Dentro de estas obligaciones, se encuentran la garantía de participación de los ciudadanos en temas ambientales, el libre acceso a los datos correspondientes y, sobre todo, un mayor acceso a la justicia. Unos puntos que deberán tener una resonancia fuerte después de casos emblemáticos en la región, como el asesinato de Berta Cáceres.

"Un derecho fundamental para la existencia de la humanidad"

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, destacó -en una entrevista exclusiva a France 24- que una de las facetas más importantes que tiene este tratado es que garantiza la protección especial a los defensores del ambiente, porque hay muy pocos instrumentos internacionales y normativos que tienen esta condición”, y que debería firmarse en honor a Berta Cáceres por el esfuerzo que hizo como representante del pueblo lenca.

“Llegar, al final de nueve reuniones, a un instrumento que garantiza la participación, la inclusión y la transparencia en materia jurídica ambiental es un gran aporte que América Latina hace al mundo", dijo el presidente Solís.

El mandatario explicó que se trata de una “vinculación obligatoria” para que será firmada el 27 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y que 11 países dentro de los signatarios, incluida Colombia, tendrán que hacerlo ratificar por sus respetivos legisladores.

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