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Honduras: dos años del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

Última modificación : 03/03/2018

© Jorge Cabrera / Reuters | Indígenas Lenca sostienen pancartas durante una protesta para conmemorar el segundo aniversario del asesinato de la activista ambientalista Berta Cáceres, en Tegucigalpa, Honduras el 2 de marzo de 2018.

Por David González

El crimen de Berta Cáceres, la ambientalista que se enfrentó a la construcción de una hidroeléctrica en Honduras, fue repudiado por la comunidad internacional. A dos años de su muerte, hay nueve capturados.

El viernes 2 de marzo de 2018, las autoridades de Honduras arrestaron a un alto ejecutivo de la compañía que quería construir la hidroeléctrica en el territorio que la ambientalista indígena, Berta Cáceres, defendía. El funcionario es acusado de ser uno de los autores intelectuales detrás del asesinato.

Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos (DESA), fue capturado en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Ocho personas más, incluidos empleados de la compañía, sicarios y miembros de las fuerzas militares, también han sido procesados por el crimen.

Berta Cáceres, de 43 años, fue una profesora que ganó el prestigioso premio ambiental Goldman y fue asesinada en su casa el 3 de marzo de 2016.

La ambientalista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya había recibido amenazas por su labor en defensa del territorio. Al momento de su muerte, encabezaba un movimiento que buscaba frenar la construcción de la represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, un afluente que es considerado sagrado por el pueblo indígena de los Lencas.

Un grupo de expertos internacionales, que realizaron una investigación posterior al asesinato de la activista, habían determinado que funcionarios hondureños y ejecutivos de la empresa energética DESA estuvieron involucrados en el asesinato de Cáceres.

Honduras, uno de los países más peligrosos para los ambientalistas

El crimen conmovió a Honduras, un país con una alta tasa de homicidios. En el segundo aniversario de su muerte, amigos y seguidores realizaron una serie de acciones en todo el país para evitar la impunidad y pedir que el proyecto hidroeléctrico contra el cual la ambientalista luchó, sea cancelado.

Olivia Zúñiga, una de sus hijas, dijo a France 24: “Ayer presenté el proyecto de ley Berta Cáceres, que tiene como finalidad anular las concesiones otorgadas de manera ilegal a la empresa DESA”. Y agregó que los directores de ese proyecto fueron quienes asesinaron a su madre.

Los activistas del grupo de Cáceres se reunieron frente al edificio de la fiscalía en Tegucigalpa y pidieron el arresto de los empresarios locales de mayor prominencia que, según ellos, están involucrados en el asesinato.

La ONG Amnistía International apoyó los actos para recordar la ambientalista y dijo en un comunicado que “no se haya resuelto el caso y que sus responsables no hayan rendido cuentas ante la justicia transmite el escalofriante mensaje que se puede matar impunemente a quienes defienden los derechos humanos.”

En Honduras son frecuentes los enfrentamientos entre las poblaciones indígenas y las operaciones mineras y energéticas, proyectos que para el recién reelecto presidente Juan Carlos Hernández, son esenciales en su plan de gobierno.

Según la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para ser un ambientalista. Desde 2010 han sido asesinados más de 110 activistas.

Con Reuters

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