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Proyecto de ley sobre migración causa grietas en la mayoría de Macron

Última modificación : 07/03/2018

Por Tristan Ustyanowski

El ejecutivo de Emmanuel Macron enfrenta su primera prueba para medir el alcance de su política. El proyecto que pretende revisar a fondo la gestión de la inmigración causa división hasta en la propia mayoría del Gobierno.

Este miércoles 21 de febrero fue presentado el proyecto de ley del gobierno francés que tiene el objetivo de reformar las políticas migratorias en su país. Más de un año después de la destrucción de la “jungla de Calais”, símbolo del funcionamiento erróneo de la acción pública frente a esta crisis, Emmanuel Macron quiere incrementar de manera duradera la eficiencia del Estado en este campo.

Encabezado por el ministro del Interior, Gerard Collomb, este proyecto se presenta como una garantía para la protección de las poblaciones afectadas y como una asimilación a las prácticas de la Unión Europea. Las asociaciones se preocupan de la ruptura endurecedora que marcaría esta ley acerca de los trámites y de la gestión de los flujos de personas.

De hecho, el proyecto no satisface a muchos y las críticas se extienden hasta dentro de las filas de la mayoría presidencial. Nueve meses después de su elección, Macron se enfrenta por primera vez a un contexto potencialmente difícil donde el Gobierno tendrá que lidiar con sus detractores y contradicciones.  

El difícil equilibrio entre “humanidad” y “firmeza” que busca Macron

En el texto presentado se confirma la voluntad del ejecutivo de endurecer la legislación como lo había dejado entender durante los últimos meses. En enero pasado, Macron justificaba esta orientación con la necesidad que tiene el tema migratorio de ser “revisado profundamente” y la urgencia que hay de integrar los refugiados presentes en el territorio. Un eje de acción resumido entonces con la fórmula “hay un deber de humanidad, sino también el deber de respeto de la ley de la República” retomada luego por el ministro del Interior que afirmó que “para tener una gran humanidad hay que tener también una gran firmeza”.

Dos diputados de la mayoría presentan a las autoridades públicas como si estuvieran “en un entorno jurídico inestable e ilegible” frente a la crisis migratoria y se justifica una gran cantidad de medidas presentadas este miércoles. Dentro de estas se encuentra la extensión del periodo máximo de retención administrativa de los migrantes que pasa de 45 a 90 días. El gobierno justifica este punto con la necesidad de corresponder más a la normatividad europea y sus retenciones que van de 3 meses, como en Italia, hasta 18 meses para Alemania.

Otro punto crítico de este proyecto de reforma es el plazo de los procesos para el asilo en el país. Para responder al estancamiento que sufren las administraciones, el texto propone reducir a máximo 6 meses la entrega de respuestas a las solicitudes de asilo, en vez de cerca de 1 año como se hace en la actualidad. Para lograr esto, se sugiere que se reduzca de 120 a 90 días el plazo que tienen las personas que ingresan al país para pedir un asilo y que se limite a un periodo de 15 días después de la decisión la posibilidad de apelación.

El Gobierno no disimula su voluntad de aumentar las expulsiones para luchar en contra de la inmigración ilegal. Una de las medidas sería entonces acelerar el regreso de las personas que son de países definidos como seguros. Además, el proyecto pretende instaurar un nuevo delito, que tendría un costo de 1 año de cárcel, para las personas que no pasaron por un punto de control en el espacio Schengen antes de permanecer en el territorio y quiere imponer a los solicitantes una ubicación en el país según lo que definan las autoridades.

La ley de migración de Macron genera críticas de izquierda y derecha

En la oposición, nadie ha mostrado satisfacción frente a este proyecto. A la derecha, Les Républicains quieren una legislación más dura, argumentan que esta ley no resolvería los problemas de fondo y no responde a los desafíos migratorios. La formación aboga para que Francia escoja más estrictamente quién puede ingresar al país y que se realicen por ende negociaciones con los países remitentes de migrantes. Por su parte, diferentes partidos de izquierda ya han manifestado su rechazo a este texto, denuncian las detenciones extendidas y otras medidas que implicarían, según ellos, un retroceso de los derechos de los extranjeros en Francia.

Macron y su Gobierno tienen ahora también que lidiar con un descontento interno. Algunos caciques de La République en Marche (LREM), el movimiento de Emmanuel Macron, ya expresaron un fuerte desacuerdo con la orientación de política migratoria que sugiere el mandatario.

Resalta una tribuna el “doble lenguaje”  y la dicotomía del ejecutivo que pretende desarrollar una acción mientras endurece las medidas. Estas desilusiones internas hacen también eco al posicionamiento de Macron en 2015, entonces ministro de la Economía, que elogiaba la política de apertura de Ángela Merkel en Alemania que acogió millones de refugiados. Desde el Elíseo se descarta cualquier cambio de posición, “hay que saber reconocer nuestra capacidad a integrar y asumir las consecuencias”, afirmó un consejero.

La división interna no está consumida aún, pero varios diputados de LREM llamaron a una modificación del proyecto para que sea menos represivo. Primera fricción para el Gobierno en esta asamblea donde cuenta con una mayoría absoluta que seguía hasta entonces su acción.

El ejecutivo ya prometió que propondrá varias medidas a favor de la integración de los refugiados para balancear este proyecto de ley. Sin embargo, el descontento no bajará fácilmente y las próximas semanas serán determinantes para juzgar el actuar del ejecutivo frente al desafío migratorio.